La Corte Constitucional de Colombia tumba norma que permitía apps gratuitas impuestas por operadores móviles
En un fallo histórico emitido en 2025, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el parágrafo 2° del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, mediante la sentencia C-206 de ese mismo año. Este parágrafo autorizaba a los operadores móviles a ofrecer acceso gratuito a ciertas aplicaciones específicas sin que dicho consumo afectara el plan de datos del usuario, una práctica conocida como "zero rating" o "tarifación cero".
Esta decisión se dio tras una demanda presentada por la abogada Ana Bejarano y Emmanuel Vargas Penagos, miembros de la organización El Veinte, quienes argumentaron que dicha práctica vulnera principios fundamentales del acceso libre y equitativo a internet. En su análisis, la Corte coincidió con los demandantes al considerar que el parágrafo favorecía a determinados contenidos y plataformas digitales, atentando contra el principio de neutralidad de la red.
¿Qué significa realmente esta decisión para los usuarios?
A primera vista, algunos usuarios podrían interpretar el fallo como una prohibición del acceso gratuito a aplicaciones populares como WhatsApp, Facebook o Instagram. Sin embargo, la realidad es diferente. La Corte no prohíbe la gratuidad del acceso a ciertas aplicaciones, sino que exige que el usuario tenga plena libertad para decidir qué plataformas desea utilizar sin que esto dependa de lo que los operadores móviles impongan.
Lo que se elimina es el modelo en el que empresas como Claro, Movistar o Tigo deciden por el usuario qué apps no consumen datos. Con la nueva regulación, el enfoque cambia a favor de la autonomía del usuario, quien ahora podrá escoger, por ejemplo, si quiere utilizar sus beneficios gratuitos para acceder a una app educativa, una herramienta de trabajo, una plataforma cultural o cualquier otro tipo de contenido.
Este fallo es una victoria para quienes defienden la idea de que el internet debe ser un espacio abierto, diverso y sin privilegios comerciales entre plataformas.
¿Por qué es controvertido el "zero rating"?
El "zero rating" ha sido objeto de debate en numerosos países. A pesar de que aparentemente beneficia a los usuarios al ofrecer acceso gratuito a ciertas aplicaciones, también implica riesgos serios para la equidad digital.
Según Ana Bejarano, esta práctica crea una especie de "internet de segunda clase", especialmente para quienes tienen pocos recursos. Las personas que no pueden pagar un plan de datos amplio terminan limitando su experiencia digital a las pocas apps que los operadores deciden incluir gratuitamente, como las pertenecientes al conglomerado Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram). Mientras tanto, quienes sí tienen recursos acceden a la totalidad del contenido disponible en la red.
Esto refuerza desigualdades y frena el acceso a otras herramientas útiles en áreas como la educación, la salud, el trabajo remoto o la participación ciudadana. Además, distorsiona el mercado digital al favorecer a unas plataformas sobre otras, reduciendo la innovación y la competencia justa.
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¿Cómo cambia esto la experiencia de los usuarios?
Con la entrada en vigor del fallo, se abre la puerta a una nueva etapa en el uso de internet móvil en Colombia. Ahora, los operadores no podrán decidir qué aplicaciones se usan gratis y cuáles no. El usuario podrá elegir cómo usar sus datos, qué contenido priorizar y cuáles son sus verdaderas necesidades digitales.
Por ejemplo, un estudiante podría optar por tener acceso gratuito a plataformas de aprendizaje, mientras que un trabajador independiente podría priorizar el uso de herramientas de productividad o comunicación profesional. Esto transforma el modelo actual en uno mucho más inclusivo y adaptable a cada realidad personal.
¿Qué opinan los operadores móviles?
Las empresas proveedoras de servicios móviles han manifestado inquietudes tras el fallo, argumentando que la eliminación del "zero rating" podría provocar un aumento en los precios de los planes de datos móviles. Sostienen que el acceso gratuito a ciertas apps representaba un incentivo comercial que favorecía a los usuarios de bajos ingresos.
Sin embargo, la abogada Ana Bejarano ha respondido que estos temores están infundados o son parte de una estrategia para mantener acuerdos lucrativos con grandes compañías tecnológicas. Según ella, en países donde se han implementado regulaciones similares no se ha registrado un aumento significativo en los costos ni una desaparición de los planes asequibles. Lo que sí ocurre, asegura, es una redistribución más justa de los beneficios del ecosistema digital.
También recuerda que muchas veces los acuerdos comerciales entre operadores y plataformas como Meta son opacos y limitan la transparencia sobre cómo se manejan los recursos del sector de las telecomunicaciones.
Conclusión: un paso hacia un internet más justo y libre
La sentencia C-206 de 2025 marca un punto de inflexión en la política digital colombiana. A partir de este fallo, se fortalece el principio de neutralidad de la red, que establece que todo el tráfico de internet debe ser tratado por igual, sin favoritismos ni restricciones comerciales encubiertas.
Lejos de ser una medida que limita el acceso a internet, esta decisión busca precisamente expandirlo de manera equitativa, permitiendo que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre cómo navegar, aprender, comunicarse y trabajar en línea. Es un reconocimiento al derecho de cada persona a tener una experiencia digital libre, sin que los intereses comerciales de las grandes empresas dicten cómo debe ser su acceso a la información y a la conectividad.
En palabras de Bejarano, "el internet debe estar al servicio de los ciudadanos, no de unos pocos gigantes tecnológicos".